Nuevamente el
empresariado chileno pone su bota sobre la clase trabajadora. Esta vez, la
noticia se desarrolla en la Comuna de Tomé, en la Octava Región, en donde 18
familias han sido expropiadas en un proceso irregular y en donde las tasaciones
de las propiedades alcanzan un valor indigno, dándole verdaderas migajas como
definen los mismos pobladores de la avenida la Torre de la mencionada comuna.
Como esto
fuera poco, los vecinos han declarado que han sido sacados por la fuerza de sus
casas, amedrentados por el matonaje de la inmobiliaria que construye dos edificios
de 15 pisos al lado de sus casas y de la constructora que está a cargo del
ensanchamiento vial del sector, obra que depende de las expropiaciones de sus
casas.
Esta es una
problemática que se viene desarrollando desde septiembre de 2011, cuando los
vecinos fueron “notificados” que sus terrenos serían expropiados para ensanchar
la avenida de acceso a la comuna. Lo que
pocos sabían era que estos trabajos afectarían a esas 18 familias del sector, a
los cuales les dieron montos bajos, los que no alcanzaban para adquirir otra
vivienda de las mismas condiciones. En efecto, el valor tazado por el Gobierno,
y según declaró María Garrido, vocera de
los vecinos expropiados, es inferior a lo que realmente valen sus propiedades.
Como el ejemplo más claro de las contradicciones de nuestra sociedad, al lado
de las casas de estos vecinos, se construye los edificios mencionados, en donde
un departamento de este resulta ser más caro que el dinero ofrecido a los
vecinos por sus casas. Esto demuestra las injusticias de la sociedad
capitalista, reflejado en este caso particular. La injusticia no termina aquí,
puesto que la inmobiliaria Santa Beatriz, nunca tuvo la amenaza de expropiación
o que, al menos, se ordenara la detención de la obra, lo que demuestra otro
signo de injusticia social: se arremete contra el pueblo y se defienden los
intereses del rico.
Por esto, en
enero de este año, las banderas negras,
lienzos y consignas en todo el principal acceso de la comuna demostraron el
malestar – y lo siguen haciendo – visibilizando el conflicto ante una comunidad
que lo desconocía. Sin embargo, no es hasta el 18 de mayo – ya que el problema se hizo
insostenible – cuando los vecinos salieron a la calle. Ante la visita de la "primera
dama” Cecilia Morel y el ministro de Vivienda
Rodrigo Pérez, los vecinos aprovecharon de expresar sus problemáticas, hecho
que sucedió en absoluta calma con una manifestación pacífica. La respuesta vendría por parte del Serviu
Bío-Bío el que, descaradamente, calificó las demandas de los pobladores de
“desmesuradas” e “injustificadas” haciendo caso omiso de sus problemas.
Posteriormente,
han iniciado tomas del acceso a la comuna durante Mayo y Junio, pero sin
respuestas favorables por parte del Gobierno. Ante la postura de los
pobladores, la que, pese a la testarudez del Gobierno, ha seguido permanente en
el tiempo, el Seremi del rubro, Óscar Aliaga, explicó que los terrenos ya
fueron expropiados y que los terrenos ya tienen un valor trazado, el que fue
cobrado por algunas familias. Sin embargo, no podemos dejar pasar que muchos
vecinos han sido presionados para
aceptar el monto, teniendo incluso máquinas excavando frente a las puertas de
sus casas, poniendo en peligro la integridad física de los pobladores del
sector.
. El Estado actual de los hechos:
Ante una nula
respuesta del Gobierno, que se ha negado a las demandas pese a que se han
realizado extensas reuniones con los representantes de la burocracia y de la
clase política oficialista, los vecinos han decidido que, de no haber una
respuesta el próximo lunes 23 de Julio, iniciarán una huelga de hambre. Debido
a todo lo señalado anteriormente, sumado a la lenta respuesta y capacidad de
acción del gobierno, los pobladores decidieron realizar esa medida de presión
para forzar al ejecutivo a una respuesta pronta a una problemática que se viene
desarrollando hace ya 10 meses atrás.
Como era de
esperarse, el seremi de Vivienda, Rodrigo Saavedra, declaró que estas “medidas extremas no son el
camino adecuado” y que ellos están abiertos al diálogo. ¿Los invitan a ese
mismo diálogo infértil que los ha llevado a tomar estas medidas de presión?
Se ha
vulnerado el derecho a vivienda por las concesiones ilegales otorgadas por el
municipio a constructoras que, sin escrúpulos, avanzan en las obras con los vecinos
aún habitando sus casas. Como si esto fuera poco, bajo el concepto de
“progreso”, justifican todo este tipo de irregularidades, ocultando lo turbio
del proceso y diciendo a la luz pública lo necesario y “anhelado por la
comunidad” que resulta ser todo esto. El manejo mediático propio de los
aparatos ideológicos del Estado le han bajado el perfil al conflicto hasta tal
punto de parecer solucionado y que las medidas de presión resultan
innecesarias.
Los vecinos no
se niegan al desarrollo de las obras viales, están pidiendo que se le den
montos dignos para poder desarrollar sus vidas de la misma forma que lo han
hecho siempre, al igual que sus padres, abuelos, etcétera.
Escrito por EL ROJINEGRO
Escrito por EL ROJINEGRO
Vídeo que explica la problemática contada por los propios afectados (fuente: Periódico EL RESUMEN)
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