
El
polémico proyecto remplazará a la “Ley Corta de Pesca”, vigente desde el 2002,
aprobada por el gobierno de Ricardo Lagos, el cuál – como era de esperarse –
presentó esta ley para beneficiar a las industrias y las grandes empresas que
manejaban el negocio pesquero,
asegurando sus inversiones e insertando el país en las lógicas comerciales
propias del internacionalismo liberal.
Sin
embargo, este proyecto impulsado por la Concertación habría fracasado. La Ley
Corta otorgó durante diez años el uso en exclusividad de porcentajes de las
pesquerías, favoreciendo a las empresas –
quedándose con el 90 % de las cuotas
globales o incluso ascendió al 95% – pero sin resguardar la sobre
explotación de la fauna marina. Por lo mismo, la pesca industrial ha disminuido
su extracción, ante lo cual ha aumentado la participación de la pesca
artesanal, supliendo este espacio entregado por las grandes empresas.
El
punto más cuestionado de la norma es el que define que los límites máximos de
captura (LMC) podrán reemplazarse por licencias transables de pesca (LTP), de
duración indefinida y de carácter transferible. “Este es un intento de
expropiación de recursos que son bienes nacionales para entregárselos de manera
gratuita y a perpetuidad a siete familias que controlan casi el 90% de las
cuotas globales de pesca industrial”, criticó el líder de Ecoocéanos.
El
Ejecutivo, por su parte, replica que los trabajadores artesanales aumentarán
sus cuotas y que podrán aunar el 55% de los desembarques, frente al 45% que
poseería el sector industrial
Por
otro lado, los pescadores piden que se aumenten las millas de protección para la
pesca artesanal y que el Consejo Nacional de Pesca siga responsabilizándose de
fijar las cuotas en cada pesquería, oponiéndose a la iniciativa gubernamental
que pondría a un “comité científico” a cargo de esta función.

Vídeos:
1. Pescador de la Región de Aysén en Huelga de Hambre
2. Bloqueo de ruta 5 (sector Mocopulli)
3. Barricadas en la Quinta región.
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